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Publicación de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Valle Sitio web de la Universidad del ValleEditado por  Oficina de Comunicaciones
Santiago de Cali, Colombia
octubre 8 de 2002

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
CONSEJO DE FACULTAD



El pasado 27 de agosto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1919 que modifica el régimen prestacional de los empleados públicos. Esta medida, conjuntamente con las propuestas de reforma tributaria, las iniciativas de reforma laboral y algunos puntos del posible referendo que cursan en el Congreso, se orientan, sostiene el Ejecutivo, a enfrentar el creciente déficit fiscal que, de no ser resuelto, llevaría a la economía nacional a una crisis de proporciones incalculables. Este conjunto de decisiones han creado un ambiente de descontento e inconformidad en el seno de empleados y trabajadores que consideran vulnerados sus derechos.

El Decreto 1919 sostiene en su articulo 1º que su aplicación comprende el ”...personal administrativo de empleados públicos de las instituciones de educación superior” lo que involucraría a los entes universitarios autónomos y, por lo tanto, a la Universidad del Valle. Ante la aplicación de la norma el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad ha comenzado a desarrollar acciones como impedir el acceso de los profesores, estudiantes y empleados a las facultades, no permitir el ingreso de vehículos o, como ocurrió el jueves 26 y el lunes 30, pintar las paredes de las dependencias con letreros en contra del Rector y las directivas universitarias.

Independientemente de las motivaciones que alegue el ejecutivo para expedir este tipo de normas, de la discusión jurídica en torno a su aplicación o no aplicación  a la luz de la autonomía universitaria, los empleados y trabajadores están en todo su derecho de protestar, por los canales institucionales y democráticos, contra la pérdida de derechos adquiridos. Una medida de esta naturaleza no se justifica. Además de desmejorar las condiciones laborales, identifica a los trabajadores estatales como únicos responsables de la situación de inestabilidad que vive el país.

Los impactos macroeconómicos derivados de un cambio drástico en la renta permanente de los trabajadores no parecen haber sido tenidos en cuenta. Las decisiones de consumo que comprometen decisiones de largo plazo, como ocurre con el mercado de la vivienda o con las formas de consumo apoyadas en créditos de mediano y largo plazo, se hacen sobre la base de contar con estos recursos. Sería más conveniente buscar una salida intermedia que posibilite el recorte de tales erogaciones pero sin afectar a quienes hoy tienen derecho a tales ingresos. Una medida de esta naturaleza busca, en el fondo, apagar los incendios del desajuste macroeconómico con gasolina.

Debe quedar claro, pues, que en ningún momento nos oponemos a la justa protesta de los empleados y trabajadores. No obstante, lo que nos preocupa  es la forma, los mecanismos y la simbología que ésta comienza a adquirir.  El agravio, el insulto, la destrucción de los bienes públicos, el uso de símbolos degradantes y el empleo de la violencia, en un país atravesado por ella y cansado de los excesos, en nada contribuyen a la solución de los problemas. Por el contrario, favorecen la creación de un clima enrarecido que mina las relaciones de respeto mutuo y comunicación democrática que deben existir en un ambiente académico como el de la Universidad.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Valle, a través de acciones irreflexivas, está logrando convertir una causa justa, que puede convocar a toda la comunidad universitaria en torno suyo, en motivo de malestar y de discordia. El Sindicato se equivoca en la manera de escoger a sus adversarios y de identificar el origen del problema. En lugar de cuestionar la política laboral del gobierno, ataca a directivos y profesores, violenta espacios de reflexión, interrumpe la vida académica y deja a los estudiantes de más bajos recursos sin alimentación. Al hacerlo, se queda solo en una tarea que debía ser de toda la comunidad universitaria y pierde la perspectiva de sus acciones. Mientras la política laboral del gobierno sigue su curso, la comunidad universitaria debe vivir en la zozobra creada por quienes no han sabido elegir a sus oponentes. La protesta no se puede desarrollar sobre la base de vulnerar los derechos de los estamentos universitarios a acceder a los salones, facultades y dependencias administrativas y al normal desarrollo de la vida académica.
 
La Universidad del Valle, con el concurso de los diferentes estamentos universitarios, comienza a salir de la peor crisis de su historia, que puso en entredicho su continuidad como centro de educación superior. A pesar de los avances en la solución de los problemas que originaron la crisis, la Universidad sigue siendo una institución frágil y vulnerable, en un ambiente nacional que no es el más propicio para la Universidad Pública. En este marco, el fortalecimiento,  la institucionalización y la supervivencia de Univalle están indisolublemente ligados a su normalidad académica. Por ello, las acciones que atentan contra la posibilidad de que se mantenga abierta y funcionando contribuyen, tal vez sin quererlo, a que la Institución pierda viabilidad, como uno de los principales centros de alta cultura de Colombia, y como fuente de empleo y de sustento para muchas familias.

Pero aún es tiempo de que reflexionemos y reorientemos el sentido de las luchas. El Consejo de Facultad, consciente de que la Universidad es un espacio académico propone a la Dirección Universitaria, al Consejo Académico y a los diferentes estamentos que componen la Universidad la realización de un foro pedagógico en el cual se discutan los principales aspectos que están comprometidos en la actual situación, alrededor del 1919, en tres dimensiones: aspectos económicos, aspectos jurídicos y políticos y el problema de la autonomía universitaria frente a la acción del Estado. Cada uno de estos encuentros debe contar con participación de personas que representen posiciones divergentes y se debe desarrollar en un ambiente que ratifique que la Universidad es una institución académica, abierta al diálogo y a la discusión razonada.
 

Cali, octubre 5 de 2002
 

 


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