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Editado
por Oficina de
Comunicaciones
Santiago de Cali, Colombia octubre 8 de 2002 |
UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS CONSEJO DE FACULTAD
El pasado 27 de agosto el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1919 que modifica el régimen prestacional de los empleados públicos. Esta medida, conjuntamente con las propuestas de reforma tributaria, las iniciativas de reforma laboral y algunos puntos del posible referendo que cursan en el Congreso, se orientan, sostiene el Ejecutivo, a enfrentar el creciente déficit fiscal que, de no ser resuelto, llevaría a la economía nacional a una crisis de proporciones incalculables. Este conjunto de decisiones han creado un ambiente de descontento e inconformidad en el seno de empleados y trabajadores que consideran vulnerados sus derechos. El Decreto 1919 sostiene en su articulo 1º que su aplicación comprende el ”...personal administrativo de empleados públicos de las instituciones de educación superior” lo que involucraría a los entes universitarios autónomos y, por lo tanto, a la Universidad del Valle. Ante la aplicación de la norma el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad ha comenzado a desarrollar acciones como impedir el acceso de los profesores, estudiantes y empleados a las facultades, no permitir el ingreso de vehículos o, como ocurrió el jueves 26 y el lunes 30, pintar las paredes de las dependencias con letreros en contra del Rector y las directivas universitarias. Independientemente de las motivaciones que alegue el ejecutivo para expedir este tipo de normas, de la discusión jurídica en torno a su aplicación o no aplicación a la luz de la autonomía universitaria, los empleados y trabajadores están en todo su derecho de protestar, por los canales institucionales y democráticos, contra la pérdida de derechos adquiridos. Una medida de esta naturaleza no se justifica. Además de desmejorar las condiciones laborales, identifica a los trabajadores estatales como únicos responsables de la situación de inestabilidad que vive el país. Los impactos macroeconómicos derivados de un cambio drástico en la renta permanente de los trabajadores no parecen haber sido tenidos en cuenta. Las decisiones de consumo que comprometen decisiones de largo plazo, como ocurre con el mercado de la vivienda o con las formas de consumo apoyadas en créditos de mediano y largo plazo, se hacen sobre la base de contar con estos recursos. Sería más conveniente buscar una salida intermedia que posibilite el recorte de tales erogaciones pero sin afectar a quienes hoy tienen derecho a tales ingresos. Una medida de esta naturaleza busca, en el fondo, apagar los incendios del desajuste macroeconómico con gasolina. Debe quedar claro, pues, que en ningún momento nos oponemos a la justa protesta de los empleados y trabajadores. No obstante, lo que nos preocupa es la forma, los mecanismos y la simbología que ésta comienza a adquirir. El agravio, el insulto, la destrucción de los bienes públicos, el uso de símbolos degradantes y el empleo de la violencia, en un país atravesado por ella y cansado de los excesos, en nada contribuyen a la solución de los problemas. Por el contrario, favorecen la creación de un clima enrarecido que mina las relaciones de respeto mutuo y comunicación democrática que deben existir en un ambiente académico como el de la Universidad. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad
del Valle, a través de acciones irreflexivas, está logrando
convertir una causa justa, que puede convocar a toda la comunidad universitaria
en torno suyo, en motivo de malestar y de discordia. El Sindicato se equivoca
en la manera de escoger a sus adversarios y de identificar el origen del
problema. En lugar de cuestionar la política laboral del gobierno,
ataca a directivos y profesores, violenta espacios de reflexión,
interrumpe la vida académica y deja a los estudiantes de más
bajos recursos sin alimentación. Al hacerlo, se queda solo en una
tarea que debía ser de toda la comunidad universitaria y pierde
la perspectiva de sus acciones. Mientras la política laboral del
gobierno sigue su curso, la comunidad universitaria debe vivir en la zozobra
creada por quienes no han sabido elegir a sus oponentes. La protesta no
se puede desarrollar sobre la base de vulnerar los derechos de los estamentos
universitarios a acceder a los salones, facultades y dependencias administrativas
y al normal desarrollo de la vida académica.
Pero aún es tiempo de que reflexionemos
y reorientemos el sentido de las luchas. El Consejo de Facultad, consciente
de que la Universidad es un espacio académico propone a la Dirección
Universitaria, al Consejo Académico y a los diferentes estamentos
que componen la Universidad la realización de un foro pedagógico
en el cual se discutan los principales aspectos que están comprometidos
en la actual situación, alrededor del 1919, en tres dimensiones:
aspectos económicos, aspectos jurídicos y políticos
y el problema de la autonomía universitaria frente a la acción
del Estado. Cada uno de estos encuentros debe contar con participación
de personas que representen posiciones divergentes y se debe desarrollar
en un ambiente que ratifique que la Universidad es una institución
académica, abierta al diálogo y a la discusión razonada.
Cali, octubre 5 de 2002
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