El Rector de la Universidad del Valle se permite informar a la Comunidad Universitaria  que desde la promulgación del Decreto 1919 de 2002, por el cual el Gobierno Nacional fijó el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos del orden territorial, incluyendo los de las universidades públicas, ha habido un permanente interés de la Administración Universitaria por encontrar alternativas legales de atenuar el impacto de dicha medida.

En comunicados anteriores la Rectoría ha hecho una relación de esas acciones, que incluyen entrevistas con altos funcionarios nacionales, contactos con otras universidades y un estudio jurídico por parte de las universidades estatales afectadas del cual se concluye que están en la obligación de aplicar el Decreto 1919. La Rectoría quiere expresar una vez más su criterio, reiterado a lo largo del año en diversas comunicaciones, con toda clase de sustentos legales y jurisprudenciales, de que no existe competencia del Consejo Superior y de la Dirección Universitaria, para modificar  el régimen salarial y prestacional de sus empleados públicos, potestad que corresponde constitucionalmente al Congreso de la República y al Gobierno Nacional. El Decreto 1919 es una expresión de esa potestad. 

No hay entonces para las universidades públicas alternativa diferente a aplicar el Decreto 1919, criterio compartido y acatado por todas ellas,  hoy en situación de normalidad. En consecuencia, no es posible atender  la solicitud de la Organización Sindical de no aplicarlo 

La Administración ha ofrecido estudiar la afiliación de todos los empleados de la Universidad a una Caja de Compensación Familiar en las mejores condiciones posibles, estudiar la creación de planes de vivienda con intereses módicos y la aceleración del proceso actualmente en marcha de revisión técnica de la escala salarial, todo lo cual redundaría en un mayor bienestar para los empleados. El Sindicato ha desestimado esas ofertas.

En la reunión del Consejo Académico el pasado 16 de octubre se recibió una comisión de  dos miembros de la Junta Directiva de Sintraunicol-Cali, quienes expusieron sus puntos de vista sobre el conflicto creado a raíz de la aplicación del Decreto 1919 y propusieron la conformación de una comisión con representación de los Consejos Superior y Académico, la Dirección Universitaria y el Sindicato, con el propósito de analizar los aspectos legales y eventuales alternativas para proponer al alto gobierno, con el fin de superar la situación creada por la situación del mismo. Sobre la base de la acogida que tuvo esta propuesta por parte del Consejo, los representantes de la Junta Directiva de Sindicato se comprometieron a abrir un espacio de concertación y diálogo sustentado en la normalidad académica y administrativa de la Universidad. 

Este compromiso no se ha cumplido por parte de Sintraunicol, a pesar de que la Administración ha cumplido los suyos con la convocatoria y participación activa en la comisión e invitando al Sindicato a trabajar con la Dirección en las reuniones con el alto gobierno.
 

Por iniciativa del Rector se han realizado contactos personales con los ministros de Educación y Trabajo, éste último en compañía del dirigente sindical Carlos A. González. Los ministros han mostrado su interés por encontrar una solución legal al problema. El señor Ministro de Trabajo ha ofrecido que un grupo de funcionarios del Ministerio, bajo su dirección personal, analice a la luz de la autonomía universitaria y el Decreto 1919,  los acuerdos del 11 de junio de 2001 entre la Administración y los empleados públicos de la Universidad, aprobados por el Consejo Superior; y alternativamente, estudie la eventual aplicación de algunos de los beneficios salariales de los empleados públicos nacionales a los empleados públicos universitarios. En todo caso la decisión que se desprenda de esos estudios es de competencia exclusiva del Gobierno Nacional, y la Universidad no puede adelantarse a sus conclusiones.

En el entretanto, la  situación académica y administrativa de la Universidad ha venido deteriorándose gravemente. El hostigamiento continuo a los empleados que trabajan en la Administración Central y el paro de actividades  de muchos trabajadores oficiales y empleados públicos, ha causado enormes perjuicios en muchas de las áreas de la Institución. De hecho la suspensión de actividades administrativos ha ido cerrando los procesos académicos básicos y creando toda suerte de incomodidades y trabas a la actividad académica.  La protesta ha llegado a extremos que riñen con las más elementales normas de convivencia y respeto. La Universidad ha solicitado formalmente al Ministerio de Trabajo un pronunciamiento en relación con estas acciones.

Todos los estamentos interpretan como una necesidad sentida la realización de un debate amplio y participativo sobre la autonomía universitaria, pero éste sólo podría llevarse a cabo en condiciones de normalidad académica y administrativa. La Universidad facilitaría su realización, a la espera de un pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos universitarios, el cual dada la trascendencia del asunto tomará tiempo. Todo ello sin perjuicio de las acciones legales que adelante la Organización Sindical, buscando un pronunciamiento judicial sobre un tema particularmente controvertido en la Comunidad Universitaria, como es el de los alcances de su autonomía. 

Lo anterior es un resumen de las acciones y propósitos que reflejan la buena voluntad  de la Administración Universitaria para buscar una solución a un problema que no fue creado por ella. Pero esas acciones deben tener muestras correspondientes de buena voluntad por parte de la Organización Sindical y sus afiliados, para evitar que el manejo de la crisis  se salga de las manos de la Universidad. Esas muestras de buena voluntad no se han dado. 

La Rectoría expresa su más enérgico rechazo al manejo que la Organización Sindical le ha dado a la protesta. Como consecuencia de ello ha decidido suspender  la actividad de la Administración Central  hasta cuando retorne la normalidad al campus universitario y las personas puedan trabajar  en condiciones  de seguridad y dignidad. Ninguna de las actividades ordinarias de la Administración Central, podrá adelantarse si no hay garantía de normalidad para que  los docentes, estudiantes, empleados y trabajadores puedan realizar sus tareas.

Es el sentir de la Administración Universitaria que se están  agotando todos los esfuerzos y mecanismos institucionales para lograr en el tiempo una solución a un problema que la Organización Sindical quiere dejar tranzado, en sus términos, de una vez y de inmediato. Si el Sindicato no está interesado en que en condiciones de normalidad se adelante  el debate interno sobre la autonomía universitaria, se estudien las medidas de bienestar universitario que puede tomar la Universidad y se espere  la respuesta que puede dar el Gobierno Nacional, la Administración entenderá que ese camino de concertación está agotado. Sólo una manifestación expresa del Sindicato de normalizar las actividades académicas y administrativas podrá abrir de nuevo espacio para el diálogo. Puesto que la anormalidad actual no puede prorrogarse indefinidamente, ante la ausencia de esa manifestación quedará entro del fuero del Consejo Superior y del señor Gobernador del Departamento, el tomar las decisiones que consideren convenientes.

Lo que está en juego es el futuro mismo de la Universidad. La responsabilidad de quienes tienen en sus manos la posibilidad de trabajar concertadamente y en condiciones de normalidad en la solución de nuestros problemas, es enorme. Pero es igualmente grande la responsabilidad de quienes tenemos la obligación de mantener la Universidad abierta y funcionando al servicio de la comunidad. Los Consejos Superior y Académico, y la Administración Universitaria, con los instrumentos legítimos de su autoridad, continuarán interviniendo en la defensa de la Universidad del Valle como un valioso bien público de la Nación que es necesario preservar para el bienestar comunitario.

Cordialmente, 
 

OSCAR ROJAS RENTERÍA
Rector 

Cali, 25 de octubre de 2002. 

Escríbanos a Síntesis: sintesis@univalle.edu.co