El Consejo Académico, a petición de la Junta Directiva de SINTRAUNICOL, conformó una comisión que durante las últimas dos semanas ha venido trabajando de manera intensa en la búsqueda de salidas concertadas al problema creado con la expedición del Decreto 1919 de 2002. Desafortunadamente, dicho esfuerzo y cierta flexibilización lograda en el desarrollo de la Asamblea Permanente convocada por la organización sindical, no han sido medidas suficientes para impedir el creciente deterioro de las condiciones ambientales, académicas y administrativas en que transcurre actualmente el semestre.

La falta de aseo en los espacios de rutina (salones, auditorios, laboratorios, etc.), y la decisión de no prestar asistencia a las actividades de docencia, investigación y extensión por parte del personal de empleados y trabajadores, hacen ver con mucho pesimismo la culminación del período académico. Ya empiezan a formularse, por parte de las facultades y los programas de estudio, peticiones para autorizar las cancelaciones de algunos de los cursos que ofrecen, especialmente aquellos en los cuales no se han podido llevar a cabo las prácticas de laboratorio; y otros, como Deporte Formativo, cuyas actividades requieren instalaciones e infraestructura que tampoco vienen siendo atendidas.

En caso de ampliarse por fuerza de los hechos el número de solicitudes, nadie saldría beneficiado con una suspensión parcial, pero muy significativa, de las actividades académicas. Sin embargo, es honesto señalarlo, los mayormente sacrificados serían los centenares de estudiantes matriculados en tales asignaturas.

No sobra  recordar que hay campos disciplinares y profesionales muy frágiles a la suspensión de los servicios en los laboratorios. Mantenerlos cerrados e impedir su utilización es condenarlos, sin remedio alguno,  a la cancelación de buena parte de la docencia que imparten.

Estamos obligados a explorar y adoptar, como lo vienen haciendo la mayoría de universidades afectadas, posibilidades legales para amortiguar el impacto ocasionado con la aplicación del 1919. Simultáneamente, mediante acta que refrende los compromisos y con una precisa agenda de trabajo, se continuarían las indagaciones y los debates conjuntos sobre la Autonomía Universitaria, concebida como una herramienta estratégica para proteger a la Universidad Pública de ingerencias externas que la vulneren o amenacen con vulnerarla.

Si no avanzamos hacia posiciones más dúctiles y negociables entre las partes involucradas al interior de la Universidad, se pone en serio riesgo el semestre y, seguramente, sin alternativas concertadas y viables frente a los  efectos del Decreto. Actuar con responsabilidad y equilibrio es un compromiso que cobija a todos los estamentos universitarios, sin distingos de funciones ni jerarquías. 

Recuperar la plena normalidad académica es una condición indispensable para poder culminar, en condiciones apenas decorosas, el semestre que hasta ahora sigue en marcha a pesar de las dificultades. Una semana más con las mismas precarias condiciones de funcionamiento, estaría agotando materialmente el margen de manejo que tendría el Consejo Académico para salvar, en el contexto del calendario vigente, las asignaturas en peligro. 
                                                                  
Nada indica que obrar en consecuencia con el respetuoso llamado que de nuevo aquí se hace, debilitaría el  movimiento de buscar alternativas que atenúen los efectos del  Decreto. Sumar voluntades y hallarle colectivamente salidas al problema, sin necesidad de exponer la Institución, es la meta que nos compromete y anima como Consejo Académico.
 
 

Santiago de Cali, noviembre 8 de 2002
 

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